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En el 2019, luego del reconocimiento del gobierno interino que presidía Juan Guaidó, y de masivas movilizaciones de calle, Nicolás Maduro solicitó refuerzos al Kremlin al ver en peligro su permanencia en el poder. La agencia Reuters confirmó que un contingente del grupo Wagner había ingresado al país. En esa ocasión, en coherencia con la tradición del grupo, el refuerzo para la avanzada ofensiva contra las protestas fue completado con presos que actuaron bajo la batuta de la entonces ministra de Prisiones, Iris Varela y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Dos años después, actividades del grupo Wagner me fueron confirmadas por fuentes de inteligencia cuando el ejército venezolano el 21 de marzo de 2021, fue atacado en Apure, en la localidad de La Victoria, zona límite con Colombia.

Resulta interesante recordar los conocimientos previos de comida podrida del fiscal Tarek. Vayamos al 2010 cuando 36 mil toneladas de alimentos, con fecha de expiración cumplida, fueron encontrados en 1.197 contenedores de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, Pdval en Puerto Cabello. Los hallazgos de cementerios de alimentos se extendieron por otros puntos de Carabobo, por Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Anzoátegui. La cifra de esa podredumbre se ha calculado en 120 mil toneladas de alimentos en descomposición y 4.350 contenedores. El caso fue bautizado como Pudreval.

La verdad es que el control de daños del caso Tareck El Aissami, en lo interno y en lo externo, ha resultado en un fuerte golpe para Maduro.

Es una lástima la fragilidad presente de la unidad opositora. Aunque hay empeño por parte de algunos.

En ningún escenario Maduro está dispuesto a perder, incluso antes de cumplirse el proceso. Las elecciones primarias están intervenidas por el oficialismo y, aun así, puede haber sorpresas. Podría ser que la gente saliera a votar masivamente, por ejemplo, y que quien gane no sea conveniente para el régimen.

 

El Foro Penal es algo muy novedoso en toda América Latina. Civil Rights Defenders ha premiado el rigor del trabajo, su crecimiento organizado para atención y seguimiento de los casos, y que haya sobrevivido en el tiempo con un impacto decisivo. En el espectro total de más de 15 mil detenciones desde el 2002, la labor del Foro Penal -a la que se une el trabajo de otras respetadas ONG´s-, ha garantizado que organismos internacionales mantengan colocada la lupa sobre nuestro país, atención no solo expresada en la investigación en proceso de la Fiscalía de la CPI, sino también al mantener el interés de algunos gobiernos y organismos vigilantes del respeto de los derechos civiles y políticos.

La relación crematística entre Podemos y el chavismo es de vieja data, casi alcanza los 20 años, pero no fue sino hasta enero de 2015 cuando se activaron las investigaciones contra miembros de Podemos. Ocurrió cuando la Hacienda Española y la Universidad Complutense de Madrid iniciaron seguimiento al cobro de Monedero de 425 mil euros por la asesoría a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua para la creación de una nueva unidad monetaria. ¿Quién creen ustedes que pagó ese fraude? El petróleo venezolano, por supuesto.

En febrero de 2020, cuando el Delcygate, el partido Podemos ocupaba la vicepresidencia del gobierno español y en las operaciones con el régimen de Maduro el politólogo Monedero se ocupaba de una parte fundamental. 

Es razonable sospechar que ese “código de vestimenta” resultará en una nueva alcabala de matraqueo que se suma a las ya existentes, con lo que el usuario será pechado en otra etapa más de su vida de ciudadano.

Esto, por supuesto, afectará fundamentalmente a quien no tiene recursos. Es la banalidad vestida de un gran atropello y una inmensa injusticia.

La información sobre esta arbitrariedad transcurre al tiempo del estupor por hechos recientes en el mundo del fútbol y las agresiones e insultos contra Vinícius, jugador de la selección de Brasil y actualmente delantero del Real Madrid, quien ha sido objeto de nuevos ataques racistas por parte de fanáticos de equipos rivales.

Las detenciones no han cesado en medio de violaciones descaradas al debido proceso, como bien advirtió el exfiscal Zair Mundaray: “al final de la semana pasada se vencieron los 45 días que otorga el Código Orgánico Procesal Penal para la presentación de las acusaciones en los primeros casos de corrupción del caso Pdvsa-Cripto, sin embargo, el Ministerio Público no consignó las acusaciones”.

En las circunstancias descritas, en cualquier país donde hubiese estado de derecho, los detenidos deberían ser liberados, pero no es el caso de Venezuela donde la opacidad ha sido llevada al máximo extremo. Y donde ya han comenzado a reportarse muertes misteriosas y detenidos de los que se desconoce su paradero.

Un nuevo infierno se mostró el pasado 7 de mayo, en Brownsville, Texas, cuando 18 venezolanos fueron arrollados mientras estaban en una parada de autobuses, donde irónicamente estaban optimistas al haber sido liberados de un albergue. De ellos, han fallecido nueve. El responsable ha sido acusado de homicidio sin aún considerar que pudiese haber sido un crimen de odio, tal como argumentan testigos que vieron y escucharon su actitud amenazante.

Sobrecogidos por lo sucedido, vecinos del lugar buscaron afanosamente una bandera venezolana para colocarla y honrar a los caídos. Una voluntaria improvisó una, pero como ya es costumbre, algunos seguidores de redes, en lugar de unirse al luto, se enfocaron en criticar que nuestro símbolo tan rápidamente preparado, tuviese ocho estrellas, en lugar de siete. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Ha triunfado la narrativa que nos divide?