14 Sep
Negocios del régimen ponen niños en peligro
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La última estadística entre junio de 2017 y agosto de este año resulta en una puñalada: 84 niños han muerto en el Hospital JM de los Ríos, Venezuela, en la espera de un órgano que les pudiese ser trasplantado, realidad decretada en esa fecha cuando fueron suspendidos los trasplantes. Una decisión que se suponía temporal se ha extendido dolorosamente con la estadística de infantes fallecidos en la espera de la autorización para recibir un órgano. Más de seis años en los que se supone iban a ser corregidas las fallas en los hospitales y en el suministro de medicamentos inductores e inmunosupresores que deben ser tomados antes y después de un trasplante.

Esto es criminal y aún puede ser peor. Desde hace algo más de una semana, niños enfermos de cáncer se han visto afectados gravemente luego del suministro de un medicamento contaminado que fue adquirido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin que se cumpliese el obligatorio proceso de farmacovigilancia, que obliga a supervisar, documentar y reportar eventos adversos que puedan estar relacionados con su consumo.

Pero las autoridades de la salud del régimen parecen más interesadas en el negocio de importación de medicamentos que en la vida de niños enfermos de cáncer.

Con absoluto mutismo se ha manejado que 14 niños se han visto muy mal luego de diversas dosis de Metotrexato, medicamento suministrado a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, adquirido bajo instrucciones de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña, quien además es la pareja de Walter Gavidia Flores hijo de Cilia Flores.

Los niños afectados neurológicamente son pacientes hemato-oncológicos diagnosticados con meningitis bacteriana luego de la administración de la quimioterapia con Metotrexato, presentando complicaciones infecciosas y toxicidad hematológica severa.

El medicamento que llegó hace aproximadamente dos meses fue distribuido bajo instrucciones de la ministra de Salud, y si bien una comunicación interna de profesionales de la hematología alertó para que se suspendiese el suministro, la investigación del origen de este delito está siendo desviada hacia el eslabón más débil: el personal del Hospital de Niños JM de los Ríos que con sacrificio se entrega diariamente al cuidado de los pacientes.

La delicada situación ha llevado a la renuncia de profesionales del departamento de hematología con 20 años o más de servicio en ese hospital que han advertido de esta delicada crisis. También se pretende sacrificar como chivo expiatorio a la directora del hospital, Mercedes Varela, sobre quien aseguran nada tuvo que ver con la compra de Metotrexato a la India.

La importación de medicamentos, la selección del país o laboratorio de origen es potestad del IVSS. ¿Y qué funcionario es responsable de supervisar el control de calidad y de tomar esas decisiones? Magaly Gutiérrez Viña.

Además, hay antecedentes. Meses atrás otro medicamento destinado a pacientes trasplantados, Micofenolato, también fue importado de la India y generó una reacción, menos grave, pero que obligó a que varios niños fuesen hospitalizados. Y conociendo esta realidad, nuevamente se ha importado a ese país.

Es inevitable preguntarse si en la prolongada suspensión de trasplantes de órganos desde hace seis años se ha privilegiado el objetivo de controlar un negocio.

Todo este drama está asido a una imperdonable realidad. Mientras hospitales en el mundo entero privilegian la contratación de médicos venezolanos, la crisis asistencial local los espanta. No solo se trata del paupérrimo ingreso salarial. Los hospitales sencillamente no tienen lo mínimo necesario para su funcionamiento, ni cuentan con servicio de agua o mantenimiento. Equipos deteriorados o inservibles, laboratorios cancelados con ausencia de material que obliga a los familiares de pacientes a comprar insumos básicos y reactivos para los análisis de laboratorio.

Pero el régimen tiene más interés en sus negocios que en atender la salud del venezolano. De nada han servido las denuncias públicas o las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2018, o los llamados desesperados de Organizaciones No Gubernamentales que ven languidecer a criaturas que apenas comienzan la vida. Eso a la élite del régimen no le importa. Ellos disponen de fondos para tratarse en el exterior o se convierten en pacientes exclusivos de los centros privados de salud en Venezuela.