Mi Blog

Que Delcy en nombre de Maduro sintiera que podía mandar en España, debe ser rudo de procesar para ese país. Ella pensó que podía violentar la ley con la misma impunidad que lo hace en Venezuela -de hecho, lo hizo-, pero cometer un delito e involucrar a funcionarios de otro gobierno debería tener consecuencias. Se incumplió con el mecanismo sancionador de la Unión Europea y ahora el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, tendrá que responder ante la justicia. El Partido Popular y Vox lo han denunciado ante Fiscalía por posible prevaricación omisiva de desobediencia al permitir que Delcy Rodríguez se mantuviera en suelo español.

La arbitrariedad de jueces, la indefensión de los ciudadanos, los tribunales utilizados como oficinas de extorsionadores y como despachos de chantajistas de la política, es la rutina de los espacios donde alguna vez se impartió justicia. Pero ¿qué se puede esperar en un país donde quien preside el Tribunal Supremo de Justicia ha sido señalado por dos asesinatos? En cambio, personas inocentes sobre las que en sus procesos ni siquiera han mostrado una sola prueba y ni un solo testimonio, terminan condenados a la ausencia de libertad y a sufrir los rigores de las espantosas prisiones venezolanas.

Maduro tuvo que llevar a cabo su plan con la resistencia de un sector interno que se ha retratado como radical y violento. Son los convencidos de que es inevitable que Maduro caiga y por lo tanto creen que es urgente actuar antes de que eso suceda. Conspiran contra él y se presentan como una mejor opción de gobierno. Ellos se han encargado de sabotear varios planes del régimen, aunque eso poco trasciende. De la mesita de negociación se burlan y le caen a patadas y ni hablar de su férrea oposición a la liberación de los presos políticos.

Ciertamente la impaciencia y la presión de Rusia empujaron al régimen a cometer el error de violentar la elección de la directiva de la Asamblea Nacional. Semanas atrás, la dictadura había activado un agresivo plan de intento de soborno y extorsión –denominado Operación Alacrán- procurando fracturar la mayoría opositora en el Parlamento. Fracasaron. Con una circunstancia que les complicó el asunto: Francisco Torrealba, miembro del partido oficialista, los engañó asegurando a sus jefes tener garantizados los votos de varios miembros de partidos opositores, algunos de ellos dando claras señales de ser corruptibles.

¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Cómo es que aún no acaba la pesadilla? ¿Qué más castigo habremos de sufrir para pagar la penitencia de la irresponsabilidad de no haber cuidado la democracia?

Los últimos días de 2019 resultaron en la reiteración del desprecio con el que la dictadura doblega al pueblo. La oferta de canjes de Petro y la repartición de perniles significaron nuevos maltratos. Seres despersonalizados acudieron humillados en procura de cualquier cosa. Es la certeza de no tener.

Según el presidente director del Foro Penal, Alfredo Romero, la cifra de 388 presos políticos presentada en un mensaje esta Navidad, es la más alta registrada por esa organización no gubernamental.

Esta cantidad de prisioneros se ha mantenido con algunas variables de acuerdo con las necesidades del régimen que en ocasiones ha decidido liberaciones para simular un gesto de conmiseración (y plantear al mundo “que las cosas están mejorando”), al tiempo que encarcela a otros tantos, según su conveniencia. Es lo que asertivamente ha sido definido como “efecto puerta giratoria”.

Gradualmente, los rusos se han internado en nuestro ecosistema ante el estupor de un país que ha venido padeciendo durante 20 años el saqueo de los cubanos. Ahora, al verse necesitada de recursos, el modus operandi de la dictadura que pisotea nuestra soberanía, se ha extendido hacia los países –mejor dicho, gobiernos- asociados a sus fechorías.

No es la primera vez que trasciende la llegada de rusos al país. Cada arribo de ellos es presentado de manera deliberada bajo el manto del misterio, para dejar abierta la sospecha de que efectivos militares extranjeros podrían activarse en defensa del régimen, ante un supuesto enfrentamiento militar futuro.

Un informe aportado por fuentes de inteligencia militar relata en detalle la trampa elaborada contra Lapadula a solicitud del ELN. Precisa el documento que la conspiración fue coordinada por el gobernador Omar Pietro y el general Ovidio Delgado Ramírez, jefe de REDI Occidente quien envió una nota informal al general Lapadula solicitándole que tramitara el permiso para que una fundación de la gobernación, pudiese trasladar materiales de construcción. El general Lapadula lo hizo. Sin embargo, la nota agrega que cualquier alteración de lo allí autorizado, sería objeto de sanciones penales.