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La sede de la antigua CANTV es una mole de ciberespionaje controlada por los chinos. Su contenido y operaciones son altamente secretos. El edificio fue transformado y adaptado por la empresa estatal CEIEC, Corporación Nacional de Importación y Exportación de productos electrónicos de China, bajo la supervisión directa de Nicolás Maduro y a cuya estructura solo han accedido Nicolasito y su testaferro y socio Santiago Morón; el general de brigada Jorge Márquez Monsalve, ministro del despacho de gobierno; el expresidente de CANTV, Manuel Fernández y en una primera etapa Tareck El Aissami. Ni los cubanos -ocupados con el Sistema Patria junto a los hermanos Rodríguez-, ni los militares -incluyendo los jefes de los organismos de inteligencia- han penetrado el lugar. 

A cualquiera tenía que llamar la atención el protagonismo de la FAES en el operativo de la FANB que procuraba aplastar a un sector disidente de las FARC en el límite del estado Apure con Colombia, donde desde hace rato la guerrilla manda. Se trata del desastroso operativo del 21 de marzo pasado que fracasó en su objetivo y solo ha traído muerte y dolor para la población civil. Van más de 4 mil venezolanos que han huido despavoridos, la mayoría menores de edad.

Es una nueva derrota atribuible a la institución militar. Desde hace años, los militares han venido perdiendo la batalla contra grupos de exterminio como la FAES y contra los colectivos, grupos armados creados para el control social que asegure frenar la protesta en los sectores populares que están penetrados, doblegados, vencidos por el miedo. 

Como si el pueblo venezolano no sufriera suficiente ahora el dictador se ha incorporado al conflicto interno de la Segunda Marquetalia convirtiendo el país en un campo de batalla y poniendo en peligro la vida de civiles. El pueblo está huyendo despavorido. Es gente que vive en un territorio donde lo ilícito es el modus vivendi y que probablemente recibe más de los grupos irregulares que del gobierno. Aunque la realidad es que la narcoguerrilla es parte del gobierno porque sus miembros han expandido su poder controlando operaciones de tráfico de drogas, extorsión, contrabando y minería. Esto por supuesto con la absoluta anuencia de Nicolás Maduro, solo que los guerrilleros también se pelean entre ellos.

La dictadura también juega con el control de poder inmunizarse contra el Coronavirus. Llegaron las vacunas Sputnik V y la élite del régimen se blindó cobardemente. Atrás quedó el personal de salud y postergados indefinidamente los adultos vulnerables.

Esto es parte de la cotidiana arbitrariedad de un país en el que se estacionó una crisis institucional, donde los ciudadanos han sido expulsados al abandono bajo la arbitrariedad de quienes detentan el poder ejerciendo su avaricia y vociferando su bienestar.

Recientemente arribaron a Venezuela 100 mil vacunas Sputnik V que forman parte de un total de diez millones adquiridas a Rusia. Podemos imaginar el criterio con el que serán aplicadas.

La actualización de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU dejó en evidencia que Maduro se sigue manchando las manos de sangre y también que la justicia no olvida. La FFM reiteró que los patrones represivos y los crímenes de lesa humanidad continúan. La larga lista de ejecuciones sin que los responsables respondan ante una justicia -que no existe en nuestro país- no hace más que crecer. Caso destacable la matanza en La Vega llevada a cabo por la FAES entre el 7 y el 9 enero pasado “Según fuentes policiales se desplegaron 650 agentes en la operación”. La impunidad ha llevado a que las denuncias no hayan detenido las ejecuciones: “Las fuerzas del régimen han asesinado a más de 200 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año”.

El jefe de la REDI Los Andes, general Ovidio Delgado Ramírez ha amenazado nuevamente a Colombia. Sus gritos van contra la institucionalidad porque con los irregulares simpatiza y hace negocios. La actividad más importante del general Delgado Ramírez es su relación con la guerrilla colombiana. Se trata de un vínculo público, cultivado, con resultados enriquecedores para su provecho personal y en perjuicio de la soberanía venezolana. Delgado Ramírez ha liberado de obstáculos el paso de sustancias ilícitas de Colombia a nuestro territorio, hasta el extremo de ordenar encarcelar a aquel oficial que se niegue a cumplir sus órdenes.

La pareja Maduro-Flores no ha escatimado en gastos para presionar para que su operador financiero más importante sea liberado. Un concierto en plena pandemia ha sido su gracia más reciente.

La estrategia en defensa de Alex Saab ha requerido de mucho dinero. Defensa encabezada por el exjuez Baltasar Garzón y la construcción de argucias que se sostienen en un impresionante manejo de redes sociales (casi todas en inglés) y expresiones de calle locales que llegaron al colmo de un concierto en la plaza Diego Ibarra de Caracas el pasado 20 de febrero en plena pandemia. La puesta en escena trató de construir el relato de que centenares de miles de venezolanos -publicidad oficialista llegó a referir que 600 mil- se habían reunido para exigir la libertad del nuevo héroe de la revolución, Alex Saab. 

La liberación de Arube Pérez, uno de los funcionarios de la desaparecida Policía Metropolitana por los sucesos del 11 de abril de 2002, revive hechos dolorosos y remueve la evidencia de la probada injusticia en ese caso. Ocho funcionarios de la PM, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, más Luis Enrique Molina, Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín, Marco Hurtado, Julio Rodríguez, junto al comisionado especial de seguridad e inteligencia de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, iniciaron la larga lista de presos políticos que han sido martirizados por orden del Ejecutivo en violación descarada del estado de derecho, sin que hasta la fecha alguno de los responsables responda ante la justicia.