DirecTV fue la plataforma televisiva más grande del país. Su salida del mercado dejaría por lo menos a 7 millones de usuarios sin el servicio de quienes consumían la programación de canales extranjeros que poco dan seguimiento a la realidad venezolana y de canales locales a merced de la maquinaria propagandística oficialista que atestaba de mentiras, agredía, amenazaba, humillaba a sus adversarios con una narrativa de ataques, imposibles de responder.

Así que al régimen se le complica su hegemonía comunicacional. Al Venezuela padecer uno de los peores servicios de internet del mundo, informar es más complicado.

El dictador ha extendido el decreto de alarma por 30 días más, con la paradoja de jactarse de haber logrado controlar la pandemia. El coronavirus lo convierte en su coartada para mantener a los ciudadanos confinados, sin libertad de movimiento, limitados en su comunicación y muy confundidos. Este cuadro imposibilita las protestas para las que sobran razones. La ausencia de combustible y la dramática carestía de alimentos agravan la ya sufrida vida de los venezolanos que, agotados, débiles, desesperanzados, son sometidos a la andanada de mentiras presentadas en una narrativa que manipula y miente.

Desde el 2014 Wilexis se consolidó como la autoridad local. Ni alcalde, ni gobernador, ni policía regional, ni PNB pisaban su territorio. Wilexis tomó en serio su rol de juez y procesaba a quienes alteraban el orden del sector. Los llamados “bataneros” que hurtaban las baterías de los carros, o los atracadores de carteras de viejitas y teléfonos celulares de los jóvenes, pagaban caro esas agresiones.

Es importante precisar que José Félix Ribas ha sido un barrio abandonado por los jefes de turno en un marco de complejidad casi ingobernable. Para Wilexis, en cambio, el uso de la fuerza para proteger a la vecindad le hizo ganar respeto y cariño. 

A pesar de la cuarentena por el COVID-19, la gente en el interior del país ha salido sin miedo a la represión. “Entre el virus y el hambre, que me mate el virus”, se ha convertido en una consigna expresada con ira y desesperación por quienes no tienen alimentos para comer ni siquiera una vez al día. Entonces, el régimen ha desempolvado un proyecto secreto bautizado a principios de 2018 “Plan Damasco”, que combina los dos peligros mencionados y procura ir aislando gradualmente a Caracas (y proteger el centro del poder) mientras el interior del país se desgasta por inanición. Obvio que a esos canallas no les importa que la gente muera de hambre.

Zulia, Falcón y Carabobo quedaron registrados como territorio del bautizado cartel de Paraguaná y se expandieron verdades públicas que responsabilizan a miembros del alto mando militar a gobernadores, alcaldes, ministros, jefes policiales… la lista es muy larga. Las denuncias abruman y los hechos cometidos bajo la protección del Estado señalan que Venezuela no solo es campo libre para el tráfico, sino que ha comenzado a ser territorio del procesamiento de la cocaína en laboratorios. Eso aseguran fuentes de inteligencia que apuntan al espacio de la empresa del Estado, Palmeras Diana del Lago, ubicada en Casigua El Cubo, en el estado Zulia.

Para la dictadura, lo primero, además de mantenerse en el poder, es el negocio. Y para que ese negocio no se caiga, necesitan a los pobres contenidos bajo amenaza de ser aplastados.

La estrategia cubana ha centrado sus esfuerzos desde hace meses en hacer de Caracas una burbuja que logre frenar la explosión social. Así, los habitantes de Los Andes y Zulia, en general todo el interior del país, han sido maltratados de manera despiadada sin servicio eléctrico, gas y agua. La provincia ha sufrido el abandono al ser entregada a malhechores, bandas armadas civiles y militares que se reparten territorios como parte de un botín, tal como sucede con las minas en el Estado Bolívar.

Las detenciones se practican sin orden de allanamiento. El poder ejecutivo hace de juez. Los policías, de fiscales. Un funcionario administrativo de Conatel se autoproclama censor en una estación de servicio. ¿Se volvieron locos? No. Eso se llama miedo.

La dictadura hace de las suyas aprovechando el coronavirus.

Hay más casos que ilustran la arbitrariedad. Alonso Maestre fue detenido en el estado Zulia por publicar mensajes sobre el régimen en redes sociales; su empresa fue allanada. Andrea Estefanía Sayago tiene arresto domiciliario en Trujillo por la difusión de una orden médica en redes sociales. 

Maduro prefirió entregar a Cuba y a los militares los pocos litros de combustible que quedaban. Para la FANB es su comisión por encargarse de controlar al pueblo irritado, por contener la desesperación de la gente en medio de una cuarentena que convenientemente Maduro prolongará, celebrando lo fácil que le resulta tener a un pueblo encerrado con el terror de contagiarse del coronavirus.

Por eso la dictadura lo único que tiene como operativo frente a la pandemia son soldados con fusiles que matraquean y reprimen.