El riesgo actual de perder CITGO es responsabilidad de Maduro.

Otros más lo han acompañado en ese accionar criminal. Esta operación escandalosa fue tan ventajosa para los intereses de los bonistas como desventajosa para los intereses de la nación. La repartición de culpas apunta también al sistema financiero internacional. Le entregaron a Maduro 3.500 millones de dólares en octubre de 2016, auxiliando a un régimen que se tambaleaba financieramente. Parte de ese dinero fue utilizado para reprimir, para violar los derechos humanos, como hizo a partir de marzo de 2017.

El comportamiento de Maduro es el de un arrabalero criminal. Su único interés es mantenerse en el poder y lo hace sin moral y con fiereza. La respuesta al informe de investigación de los hechos de la ONU que lo señala como la cabeza de un grupo de delincuentes implicado en crímenes de lesa humanidad, fue aprobar una ley –ilegal– con la que ha retado hasta al chavismo. La llamó la Ley Antibloqueo y es el instrumento con el que Maduro está concentrando el poder y los recursos para manejarlos sin tener que rendirle cuentas a nadie. En efecto, es raspar la olla, subastar lo que queda de Venezuela para beneficio de sus socios de la corporación criminal. Con ella también aprovechará para quitarse de encima a quienes le molestan.

Nadie compró la narrativa de Maduro quien tiene un paso menos que dar para llegar al tribunal penal internacional. La ONU ha dado el espaldarazo a un documento que sustenta los argumentos que lo involucran en crímenes de lesa humanidad.

Este informe hay que cuidarlo como una sentencia. A la difusión de su contenido hay que subirle el volumen, morderlo como lo haría un perro de caza. Argentina lo sabe muy bien. Bastante que los kirchneristas cargaron los expedientes que documentaban los crímenes del régimen militar y que les sirvieron para depositar en las mazmorras los cuerpos de los responsables, algunos ya nonagenarios.

Los expertos de la ONU seguirán investigando las cuatro situaciones detectadas: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas. Y agregan un quinto delito: la violencia de género, lo que incluye abuso sexual.

El plan de Capriles de bombardear el gobierno interino va a continuar. Aspira a que Guaidó no siga a cargo. No le importan los apoyos internacionales, o lo conseguido hasta ahora. Se impone su deseo. Su empeño es convertirse en jefe de la oposición mientras Maduro celebra.

Y entretanto, Venezuela libra esta batalla conmovedora.

En Santa María de Ipire, al igual que en decenas de ciudades del país, el pueblo ha salido a protestar. Las razones sobran: el servicio eléctrico falla continuamente, también el agua. El gas doméstico más nunca llegó y la gasolina es un lujo que hay que pagar en dólares. Este pueblo ubicado en el estado Guárico, hacía mucho tiempo que no ocupaba espacio noticioso. Después de tres días en la calle, la noche del martes pasado se ganó ser viral en las redes sociales, después que dos hermanos –William y Hernán Díaz– habían sido detenidos en medio de las jornadas en las que los pobladores expresaron pacíficamente su hastío con sus gargantas, con sus ollas, con el alma. 

La protesta ha sido más contundente en la provincia, en los pueblos castigados sin piedad, privados de agua y electricidad durante más de un mes, cuyos habitantes desde hace semanas se trasladan en burros y caballos por falta de combustible, viendo a los suyos morir afectados de COVID-19 –sin siquiera haber sido examinados– y llorando junto a sus cuerpos mientras se pudren en las casas porque no tienen cómo trasladarlos.

Venezuela entera clama que Maduro salga. “Ya no me interesa la caja CLAP o la gasolina. Lo urgente es que él se vaya”, se escuchó como consigna en El Tocuyo, estado Lara.

Este miércoles, mientras se desarrollaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hubo más de 20 protestas en distintos poblados del país desolados por la crisis.

Hay sujetos a los que las evidencias señalan como responsables y deben ser investigados: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Esto es fundamental porque la defensa de Maduro ante otras causas en organismos internacionales ha argumentado que las faltas han ocurrido por el desvío de algunos funcionarios. Pues no, el informe precisa que esto es una política de comisión de crímenes de Estado. La consecuencia de tales señalamientos debería ser el enjuiciamiento: “de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.

Ahora comienza un espectáculo predecible. Maduro en pose de tratar a Capriles como su adversario (aunque por primera vez le conceden un espacio en el home de VTV al lado de Jorge Rodríguez) y Capriles amenazando con no participar en el proceso del 6D. Es un pulseo en el que Capriles asoma la posibilidad de echarse para atrás, dice que no está seguro de llegar hasta el final del proceso e intenta posponer la fecha de las elecciones. ¿Ganamos algo si se retira? Pareciera que no. Ya el daño está hecho. Aumentó el desasosiego y desplegó nuestra fragilidad ante el enemigo al descorrer la cortina de la división opositora y activar enfrentamientos internos que la unidad de lucha había postergado.

¿Cuál es el plan? En Maduro está muy claro. Quiere empezar a gozar de la legitimidad cuya ausencia ha puesto tantos obstáculos en sus negocios. Con una oposición con la que pueda convivir podría lograr reducir las sanciones –para ello apuesta al triunfo de los demócratas en Estados Unidos–. En todo caso, una oposición dividida, es su mundo de felicidad. Romper el consenso opositor con una parte que estuviese dispuesta a convivir con la dictadura, le da aliento para seguir en el poder indefinidamente, con la cara lavada.

Miembros de ese grupo que insisten en llamarse opositores han admitido que no van a ganar la Asamblea y precisan que su objetivo sería intentarlo a futuro en elecciones regionales, municipales, un posible revocatorio y luego las presidenciales. Nada incómodo para la dictadura.