No es casual que el régimen se victimice, que trate de construir su narrativa manipulando antiguos hechos que desvíen el foco de las múltiples evidencias presentes que incriminan a decenas de actuales funcionarios de distinta jerarquía en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

No es casual que Nicolás Maduro siga ausente de los eventos oficiales públicos fundamentalmente desfiles militares, ni el silencio sobre el destino del jefe de la FARC Iván Márquez, así como del autor del atentado y de la posible presencia en territorio venezolano de personajes caza recompensas que activan el miedo en Miraflores y al que los cubanos saben sacar provecho.

El proyecto de esta nueva ley es abrumar a los usuarios con una avalancha de supuestas noticias emitidas por presuntos periodistas. La arbitraria y excesiva producción de contenido solo busca desacreditar a los emisarios que sí son profesionales y que están comprometidos con el ejercicio de informar, apegados al código de ética.

Fue suficiente escuchar un par de minutos a María Carolina Chávez, segunda vicepresidente de la Comisión Permanente de medios de comunicación de la Asamblea Nacional oficialista, para tener claro el desprecio del régimen al oficio. Para ella, el registro sobre cualquier tema es periodismo, sin importar el compromiso con la verdad y sin tener que cuidar la forma. Según esta funcionaria, ya fueron instaladas las mesas de trabajo para avanzar en la ley.

Lo seguro, es que a Maduro le interesa que sus rehenes estén vivos, por eso entregó secretamente a un preso norteamericano con una salud muy comprometida. Eso ocurrió hace tres semanas, aseguró una fuente: “lo sacaron por Colombia, eludiendo Maiquetía para evitar que la noticia trascendiera”. Se sabe que no se trata de Matthew Heath el exmilitar preso que el pasado 18 de junio tuvo que ser recluido en el Hospital Militar en un intento de suicido.

La política de rehenes es un tema delicado. Por una parte, los familiares angustiados tienen la certeza de que sus seres queridos son sometidos a crueles maltratos por violadores de derechos humanos, mientras las autoridades tratan de garantizar la vida de las víctimas sin alentar su utilización como armas disuasorias. Intentan trabajar para llevarlos de vuelta, pero sin estimular la consumación de un grave delito llevado a cabo por regímenes hostiles, enemigos de la libertad.

En todo caso, ¿qué relación existe entre un general de división que ya lleva casi dos años preso, con la historia de unos pranes y los amantes de una esposa infiel? Ninguna. Ese punto, Tarek William lo obvió.

Fuentes políticas también destacan que Maduro viene tomando decisiones impulsado por advertencias de funcionarios de contrainteligencia (los responsables de esos informes fueron ascendidos el pasado 5 de julio). A pesar de las apariencias, a Maduro le inquietan algunas situaciones, por ejemplo, le confunden las inasibles declaraciones del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, así como también debe trajinar con el malestar de sus aliados guerrilleros y narcotraficantes colombianos por sus muertos en territorio venezolano donde según acuerdo, deben ser protegidos. 

El médico venezolano José Ernesto Lasorsa Aray es un prisionero político detenido en los calabozos de la Penitenciaría Fénix en el estado Lara, padece un cáncer terminal, no tiene acceso a tratamiento. José Ernesto es además un preso político. Un número en una estadística vergonzosa, 239, que documenta el Foro Penal. José Ernesto será dolorosamente, según advierte el pronóstico médico, otro fallecido bajo custodia del Estado. Pero eso al régimen no le importa, como tampoco que presenciáramos a través de las redes sociales el asesinato de Oscar Pérez o los disparos de oficiales militares y policías contra el pecho de adolescentes desarmados.La dictadura venezolana utiliza los tribunales para hacer negocios y como fachada para hablar de justicia, porque del resto, sus presos ya están sentenciados a morir de hambre, por enfermedades, secuelas de torturas o tristeza.

Desde hace mucho tiempo se habla del rodio en nuestro territorio, aunque algunos investigadores comenzaron a referirse al tema como una leyenda. El importante hallazgo ocurrió en el sector Hoja de Lata, entre el Hato Casa Blanca y San Martín de Turumbán en el estado Bolívar. Para mayor precisión, estas son las coordenadas de la mina principal: 6.933772, -61.282068. Se trata de una zona bastante alejada y sin carretera, donde apenas se sostenía una planta semiabandonada que tenía acumulados más de cien años de minería ineficiente. El día del acontecimiento los mineros estaban pasando la roca por los molinos, sacando oro, como siempre. Este proceso deja una arena que es trasladada a las plantas de cianuración donde entra a unos molinos más avanzados que arrojan una arena muy fina que junto a cianuro y agua forma un lodo. Eso se llama lixiviación. 

La reacción de la Plataforma Unitaria fue bastante displicente. Sin pretender convertir estos hechos en el único tema de la agenda opositora, es un error descalificar o minimizar lo sucedido. Eso solo nos hace más débiles. Por contraste, la comunidad internacional valoró inmediatamente la gravedad de los atentados y su reacción fue contundente.

Confieso que estoy tentada a pensar que esta actitud del liderazgo no es específicamente contra Juan Guaidó sino que es parte del desmadre crónico que sufre la oposición.

Una oposición que se engancha con lo pequeño, que anda más ocupada del cotilleo interno que de los graves problemas que afectan al país y como consecuencia a la región.

Muestra clara es la indiferencia mostrada -salvo excepciones- ante el incidente con el avión venezolano en Argentina.

Incidente que ya se transformó en juicio y en el que están involucrados cinco países y por el que un bien de nuestro país ha sido etiquetado como sospechoso de ser utilizado para el terrorismo.

El plan del régimen está claro: busca debilitar a los más de 6 millones de venezolanos que huyeron del país, de descalificar su opinión política haciéndolos a uAunque conozco un caso que les salió mal. Pretendieron atribuir al exilio la responsabilidad de la agresión contra un niño en Perú. Jorge Rodríguez llegó a decirlo, pero luego tuvo que callar porque resultó en una información falsa.n lado, incluso dándoles tratamiento de enemigos y garantizando que no participen en el proceso electoral previsto para el 2024.

Obvio que es prácticamente imposible coordinar una migración desperdigada por el mundo entero en la que muchos están en situación ilegal pasando penurias, agobiados por la incertidumbre. No exagero al decir que es un milagro para la mayoría conseguir energía y ánimo para luchar por algo distinto a conseguir el pan. Y sin embargo lo hacen. Tantos, que el régimen quiere liquidar su opinión y anular cualquier posibilidad de que vote.

Tengo la lamentable percepción de que a través de las redes esa batalla con ese relato lo está ganando la dictadura.