La imagen de Luis Urzúa, Mario Sepúlveda, Juan Carlos Aguilar, Esteban Rojas y Richard Villarroel de pie con rostros solemnes a un lado del féretro que yacía en la sede del Congreso Nacional en Santiago de Chile, removió el recuerdo de aquellos días de miedo, de drama y finalmente de alegría y agradecimiento cuando 33 hombres fueron rescatados de la mano del expresidente de Chile, Esteban Piñera, fallecido el 6 de febrero de 2024 en un accidente de helicóptero en lago Ranco.
El caso de la mina de San José dio la vuelta al mundo y mantuvo en vilo a quienes lo seguimos minuto a minuto durante 69 días, 6 horas 51 minutos, instante en que salió el último de los 33 mineros que había quedado atrapado a 720 metros de profundidad el 5 de agosto de 2010.
De ese evento, Piñera logró convertir una tragedia en gozo, demostrando la eficiencia y el liderazgo necesarios para salvar la vida de los mineros. Nunca se dejó vencer y junto a los mejores expertos lo logró.
Ocurrió en Chile, en democracia, con un presidente al servicio del pueblo.
Dramático contraste con nuestra realidad. En Venezuela este 20 de febrero, también en una mina, una tragedia ocurrió por culpa de la tiranía que manda en sociedad con el crimen organizado. Al momento de escribir este texto, en la mina 'Bulla Loca' en Alto Paragua estado Bolívar, se habían registrado 30 muertos, mientras se calculaba que 100 cuerpos aún permanecían bajo escombros. La emergencia se hizo pública por WhatsApp en esta solicitud: le pedimos al pueblo que colabore con el hospital con yelco, jeringas, guantes, algodón, alcohol… necesitamos agua, medicinas… Transcurridas 24 horas, ni autoridad civil, ni militar, ni de rescate, había aparecido.
La mina 'Bulla Loca' venía operando ilegalmente desde hace un año, bajo el control de una poderosa megabanda criminal que goza de la protección de la Fuerza Armada venezolana, como es usual en diversas actividades ilícitas. “Son mafias que trabajan para el Estado”, denuncia Cristina Burelli directora de la ONG “SOSOrinoco”, organización que ha advertido tenazmente sobre el grave problema de la minería ilegal en Venezuela.
“La FANB usa a mineros como exploradores que cuando dan con la veta de oro los desalojan y entregan a los enchufados que dependiendo de quién sea, tendrá protección del ELN, o los pranes como agentes de recaudación”, afirma el exalcalde del Municipio Piar, Américo De Grazia.
Se dice fácil, pero se trata de una realidad que decanta en una verdadera monstruosidad donde no hay responsable público y sí innumerables víctimas. Esto sin mencionar el grave ecocidio largamente denunciado sin que el régimen se detenga, interesado exclusivamente en la ganancia que saca del negocio.
En cuanto a la FANB, su rol cambia según las actividades lucrativas en distintos territorios, operando como un grupo mafioso más; digamos que entre ellos hay ganancias compartidas.
A Nicolás Maduro esa relación le ha funcionado. La creciente podredumbre de la institución castrense va en proporción al período de tiempo que lo mantienen en el poder, asumiendo el rol de represores, torturadores y hasta asesinos.
Eso sí, la tiranía es sensible con su imagen: a sus miembros les afecta que se hagan públicos sus delitos. Lo evitan de muchas maneras. Censuran, amenazan, y si la presión no es suficiente avanzan al siguiente paso; entonces activan el deforme sistema judicial en el que conviven sádicos torturadores, narcisos ambiciosos, corruptos insaciables, algunos con aspiraciones presidenciales, dispuestos a aniquilar a cualquiera que les moleste o represente una amenaza.
La decisión de esos personajes es no entregar el poder de ninguna manera. Si tienen que besarle los pies a Vladimir Putin lo hacen, y en la región se mimetizan, lo que explica por qué Maduro y Cilia cada vez se parecen más a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora ocultan menos su morisqueta y cada vez con más frecuencia, apelan a construir un relato de conspiraciones, en la vieja usanza cubana.
La detención de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, duele y ofende en forma y fondo. La rueda de prensa del verdugo Tarek William Saab, en la que mostró supuesta evidencia contra la abogada especializada en seguridad y defensa, daría risa sino fuera una tragedia. Más allá de la burda forma de revictimizar a Rocío San Miguel, la actuación del fiscal del régimen es realmente despreciable. Es sin ninguna duda, un osado ignorante del derecho. Además de mediocre es flojo; ni siquiera se asesora con expertos para revestir el caso de alguna credibilidad porque mostrar como prueba unos mapas, es ir más allá de la piratería. Y al parecer, la arbitrariedad y el montaje se extiende a la mayoría de los que han involucrado en el cuento del 'Brazalete Blanco'.
Las tiranías andan alzadas y se sienten eternas. Nada lo es, aunque las circunstancias actuales se muestren poco amables con las democracias.
