20 May
¿A quiénes duelen los soldados caídos?
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La narcoguerrilla se ha expandido hacia 21 estados del territorio venezolano. Desde el Zulia hasta el Esequibo o desde Apure a Sucre, protegidos desde Caracas, nuestra privilegiada posición geográfica y nuestras riquezas naturales quedaron para el disfrute del crimen organizado. En la democracia esto era impensable. Un país que defienda su soberanía que se sostenga sobre las leyes y cuya su aspiración sea el bienestar de su población, enfrentaría estas mafias. Ese no es el caso de Venezuela.

 En Venezuela todo opera al revés. Quienes ocupan Miraflores acumulan razones para estar convencidos de que violar la ley no genera consecuencias. Asociarse con lo más selecto del crimen organizado les divierte y lo que es más importante, les garantiza mantenerse en el poder.

La Fuerza Armada venezolana es parte del Frankenstein en el que se ha ido convirtiendo la institucionalidad local. Los recientes hechos entre marzo y abril en la zona de Alto Apure en la frontera con Colombia solo han mostrado parte del monstruo.

La muerte de 12 efectivos, la desaparición de 11 -ocho prisioneros de guerra y tres con destino desconocido- en manos del frente décimo disidente de la FARC, ha evidenciado el desmoronamiento de la moral del estamento militar. Expertos aseguran que en el estruendoso desastre no solo falló la planificación de inteligencia y contrainteligencia que ha llevado a las fuerzas hostiles a consolidarse en el territorio, además, y lo más grave, todo indica que una parte del generalato conspiró con el enemigo. Cuestión de negocios. Querían proteger la operación, cuidar los laboratorios donde se procesa la droga, preservar la vida de los socios.

El objetivo lo lograron porque la distribución de cocaína se mantiene incólume. Y es que en realidad lo que a la jerarquía militar le ha dado por calificar de enfrentamientos, se reduce a una pugna por el control de los territorios más estratégicos para el cumplimiento de acuerdos con los carteles de la droga. Por eso ahora el problema es para el resto de la FANB que había prometido a los otros narcoguerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, que retomarían esa parte del negocio. Y han fallado.

¿Por qué es tan deseada esa zona? Del lado colombiano en Arauquita hay un aeropuerto con pocas restricciones y allí mismo, el río Arauca funciona como una autopista muy eficiente para operar en clandestinidad. Y en la ruta del lado apureño, hay cualquier cantidad de pistas clandestinas. Todo perfecto para despachar el producto al mundo entero sin que nadie perturbe la operación. Para eso está la FANB. ¿Cómo se construyeron tantas pistas de aterrizaje? Muy sencillo, el Estado venezolano a través del INTI, Instituto Nacional de Tierras, fue expropiando, robando u obteniendo haciendas a través de cualquier tipo de extorsión, las cuales fueron negociadas con la guerrilla que a su vez construyó pistas. Esto ha sido más descarado desde 2018.

Es mucho lo que está en juego. Por eso los muertos, heridos y ahora también los prisioneros de guerra poco importan a los jefes de la FANB. Si alguien tiene dudas, trate de conocer los testimonios -censurados- de los familiares de las víctimas. Aún con miedo, trascienden las críticas a la logística, a la precariedad de la dotación de equipos, a la pésima alimentación. Ni siquiera los militares heridos son alimentados en los hospitales. En realidad, los centros asistenciales de las regiones de Táchira y Apure no están preparados para atender a nadie.

Los efectivos sobrevivientes se sienten defraudados y no ocultan la angustia por la vida de sus compañeros que han sido abandonados.

Se insiste en que estos hechos han horadado internamente la Fuerza Armada. Creo que las fricciones dentro de la FANB seguirán en aumento, aunque puedan ser poco visibles. El conflicto además se ha expandido a Zulia y Amazonas.

Padrino López en su rutinario acto de falsedad y cursilería califica como héroes de la patria a los oficiales caídos mientras los efectivos sobrevivientes replican que ellos no pueden ser héroes y que lo que quieren es tener un salario digno y una casa donde vivir.

Otra mala parte la han llevado los civiles. 33 campesinos detenidos están siendo procesados en el Centro Penitenciario Santa Ana del Táchira (26) y en el Teatro de Operaciones de Guasdualito (7). En Santa Ana hay una dama de nombre Mónica, que estaba embarazada al ser detenida. Su hijo fue asesinado con patadas a su vientre mientras efectivos de la FAES le gritaban “aborta maldita perra”.

Del lado de la narcoguerrilla no hay ni un preso, ni un herido, ni un fallecido.