Dos versiones no contradictorias corren en los pasillos del TSJ. La primera apunta al castigo al presidente del máximo tribunal Maikel Moreno quien ha tomado el sistema de justicia con bandas delictivas que extorsionan sin límites. Y si bien eso no es un problema para un régimen que se sostiene sobre sus socios del crimen organizado, hay un elemento clave que lleva a la segunda versión. Tiene que ver con la constante preocupación de Maduro por la investigación de la Corte Penal Internacional. Todas las averiguaciones que hagan comisiones que incidan en esa instancia, como la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo hacen temblar. Y Miraflores maneja la información de que va muy avanzada una investigación cuya parte más gruesa profundiza en todo el sistema de justicia y su participación en la represión, la persecución por razones políticas y en el desmontaje institucional.

El tema no debe ser desechado a pesar de la banalidad de los protagonistas. “(…) escucha gringuito ya estamos preparados, con armamento ruso te estamos esperando, vente pa´cá que lo que te viene es palo, seremos tu Vietnam latinoamericano (…)”, entonan jóvenes oficiales bajo el aliento de un superior con megáfono y la supervisión del titular de Defensa.

La humillación propinada a la FANB recientemente en Apure no es coherente con esos cantos. Tampoco la balacera que casi a diario se escucha en el oeste de la capital activando la conciencia del caraqueño respecto al poderío de la banda del Vampi y el Coqui por sobre los organismos de seguridad.

Pero la FANB puede resultar peligrosa jugando a través de otros, por ejemplo, usando a la guerrilla colombiana. Por eso, el ataque de este martes 15 de junio a la Brigada 33 del Ejército colombiano en Cúcuta, donde el Comando Sur tiene una oficina, puede aumentar la tensión de Colombia y Estados Unidos sobre Venezuela.

Venezuela nunca había estado en el escritorio de la justicia penal internacional. Ahora es el Caso Venezuela I. El expediente que ha sido alimentado desde 2017, acumula delitos de lesa humanidad contra la población civil perpetrados en dos momentos importantes de protestas en Venezuela, 2014 y 2017, siendo estas últimas las de mayor fuerza.

El caso está en fase III la que consiste en la evaluación de la fiscalía para determinar si hay base razonable para proceder a una investigación de conformidad con lo establecido en el estatuto de Roma. Si sucede lo previsto, pasará a la sala de Cuestiones Preliminares para que se inicie la investigación. Ningún examen preliminar en América Latina ha llegado a esa fase.

Jamás habrá el registro de un procedimiento que pueda sostener las mentiras del régimen. Es imposible negar con pruebas que los ocho oficiales de la FANB que estaban en manos del grupo de Gentil Duarte fueron entregados coordinadamente luego de ser complacidas las peticiones de los captores guerrilleros.

Las exigencias fueron transmitidas a Diosdado Cabello a través del Sebin (organismo que él controla). El nombre de Diosdado había sido asomado en el segundo comunicado leído por el grupo de retenidos. No es la primera vez que Diosdado interviene públicamente en favor de la narcoguerrilla. Recordemos que, en septiembre de 2019, Lucas Valbuena, alias comandante Lucas, fue apresado junto a 14 hombres de la FARC, en un asalto al fuerte militar Ambrosio Plaza de Elorza en Apure por el robo de fusiles y más de 40 mil municiones. Los detenidos fueron alojados en la cárcel de Santa Ana en Táchira.

Danny José Vásquez Hernández hizo una aparición milagrosa en la población de la Victoria el pasado 19 de mayo, casi un mes después de la matanza. Inimaginable lo que ese joven debe haber sufrido. 27 días solo, huyendo de una poderosa guerrilla, sin equipos y en un territorio que de agreste se convierte en inhóspito, con una temperatura que supera los 34 grados centígrados sin poder acercarse al río a beber agua. Debe haber sufrido unos cuantos desmayos. Con seguridad Danny apeló a lo aprendido en los cursos de sobrevivencia, a las lecciones de evasión y escape. Se guio con las estrellas, se procuró raíces para comer, supo cómo evadir los animales salvajes, con astucia se ocultó del enemigo que lo buscaba porque sabía que estaba huyendo.

El continuo maltrato a los ciudadanos, la descarada impunidad para el círculo de poder ante la comisión de los más graves delitos, el gatillo activado sobre la sien del ser más amado, procuran fracturar la psiquis de la gente, mantener el control social y enfrentar a los ciudadanos que terminarán desconfiando uno del otro y en especial de su liderazgo político. 

El 7 de marzo pasado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores circularon imágenes recibiendo la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Otros miembros de la élite de la dictadura continuaron el ejemplo festivo que contrastó con las noticias del aumento de casos de contagio y el reclamo -censurado en muchos casos- de médicos y demás trabajadores de la salud que no fueron considerados para ser inmunizados en medio de la desastrosa situación asistencial. ¿Es casual restregarle al pueblo “yosímevacunoytúno”? No lo es.

La Fuerza Armada venezolana es parte del Frankenstein en el que se ha ido convirtiendo la institucionalidad local. Los recientes hechos entre marzo y abril en la zona de Alto Apure en la frontera con Colombia solo han mostrado parte del monstruo.

La muerte de 12 efectivos, la desaparición de 11 -ocho prisioneros de guerra y tres con destino desconocido- en manos del frente décimo disidente de la FARC, ha evidenciado el desmoronamiento de la moral del estamento militar. Expertos aseguran que en el estruendoso desastre no solo falló la planificación de inteligencia y contrainteligencia que ha llevado a las fuerzas hostiles a consolidarse en el territorio, además, y lo más grave, todo indica que una parte del generalato conspiró con el enemigo. Cuestión de negocios. Querían proteger la operación, cuidar los laboratorios donde se procesa la droga, preservar la vida de los socios.

Maduro ha avanzado en vender su legitimidad, aunque ese CNE "potable" y plural, no lo sea en la realidad. Las reacciones internacionales a este nuevo CNE estuvieron divididas. El argumento jurídico inexpugnable de considerarlo ilegítimo por provenir de un ente no reconocido, emitido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se presenta suavizado por el gobierno de Joe Biden y países de la Unión Europea al dar la lectura de un primer paso, aunque aún insuficiente. Es importante precisar que tal tibieza es claro resultado de la intensa gestión de Josep Borrel, representante de la Unión Europea. Su lobby con el apoyo de la cancillería española junto a empresarios poseedores de altos intereses en Cuba y Venezuela ha logrado aturdir hasta a algunos sectores americanos.