El 17 de diciembre de 2009 la juez María Lourdes Afiuni fue trasladada al centro de reclusión femenina INOF en Los Teques. Sin orden judicial había sido señalada por liberar al empresario y banquero Eligio Cedeño quien tenía tres años preso sin juicio que lo procesara por evasión de controles de divisas. Afiuni actuó en concordancia con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención de la Organización de Naciones Unidas. Iniciaba un vía crucis que aún no tiene final.

La tortura se fue expresando en su cuerpo desgarrado por violaciones continuas. Sus órganos sexuales, vejiga y ano estaban destrozados y un seno había necrosado a punta de patadas calzadas con bota militar. Entonces, en el 2011 el país vio por primera vez su sonrisa de niña que se asomó tras las rejas de su apartamento convertido en prisión bajo el arresto domiciliario por razones de salud. Y aun cuando en el 2013 después de miles de opiniones de expertos en el mundo se decidió su libertad condicional, el juicio seguiría.

Jorge Rodríguez sabe que el remedio para calmar los males de Maduro es la venganza. En horas comenzó la elaboración del plan al alimón con Delcy, su hermana. Se debía castigar a alguien a quien Leopoldo López apreciara. La víctima sería humillada, iría presa, acusada de delitos atroces. El castigo debía resultar aleccionador. Roland Carreño cumplía con los requisitos. Periodista y dirigente de Voluntad Popular, es un personaje respetado y apreciado por la comunidad. Es un ser humano sensible, confiado y con una condición valiosa para ser explotada por un psiquiatra perverso para su descalificación moral: es homosexual.

Leopoldo López envió mensajes a todos los sectores del país. La mayoría disfrutó que burlara con éxito el férreo sistema de seguridad del régimen.

Sí, la activación pública de López agita la lucha y alienta a un pueblo extenuado.

Por supuesto que Maduro reaccionó. Sangrando por la herida activó su cruel aparato persecutor para detener a los familiares de funcionarios del gobierno interino (mejor si se trata de ancianos) allanando sus residencias y destruyendo sus bienes. De manera muy específica apuntó contra el periodista Roland Carreño, directivo de Voluntad Popular, sobre el que ordenó construir un expediente que lo vinculara con acciones terroristas. El mismo cuento de siempre. Probablemente hasta las armas que han sembrado a otros, ahora son recicladas.

El riesgo actual de perder CITGO es responsabilidad de Maduro.

Otros más lo han acompañado en ese accionar criminal. Esta operación escandalosa fue tan ventajosa para los intereses de los bonistas como desventajosa para los intereses de la nación. La repartición de culpas apunta también al sistema financiero internacional. Le entregaron a Maduro 3.500 millones de dólares en octubre de 2016, auxiliando a un régimen que se tambaleaba financieramente. Parte de ese dinero fue utilizado para reprimir, para violar los derechos humanos, como hizo a partir de marzo de 2017.

El comportamiento de Maduro es el de un arrabalero criminal. Su único interés es mantenerse en el poder y lo hace sin moral y con fiereza. La respuesta al informe de investigación de los hechos de la ONU que lo señala como la cabeza de un grupo de delincuentes implicado en crímenes de lesa humanidad, fue aprobar una ley –ilegal– con la que ha retado hasta al chavismo. La llamó la Ley Antibloqueo y es el instrumento con el que Maduro está concentrando el poder y los recursos para manejarlos sin tener que rendirle cuentas a nadie. En efecto, es raspar la olla, subastar lo que queda de Venezuela para beneficio de sus socios de la corporación criminal. Con ella también aprovechará para quitarse de encima a quienes le molestan.

Nadie compró la narrativa de Maduro quien tiene un paso menos que dar para llegar al tribunal penal internacional. La ONU ha dado el espaldarazo a un documento que sustenta los argumentos que lo involucran en crímenes de lesa humanidad.

Este informe hay que cuidarlo como una sentencia. A la difusión de su contenido hay que subirle el volumen, morderlo como lo haría un perro de caza. Argentina lo sabe muy bien. Bastante que los kirchneristas cargaron los expedientes que documentaban los crímenes del régimen militar y que les sirvieron para depositar en las mazmorras los cuerpos de los responsables, algunos ya nonagenarios.

Los expertos de la ONU seguirán investigando las cuatro situaciones detectadas: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas. Y agregan un quinto delito: la violencia de género, lo que incluye abuso sexual.

El plan de Capriles de bombardear el gobierno interino va a continuar. Aspira a que Guaidó no siga a cargo. No le importan los apoyos internacionales, o lo conseguido hasta ahora. Se impone su deseo. Su empeño es convertirse en jefe de la oposición mientras Maduro celebra.

Y entretanto, Venezuela libra esta batalla conmovedora.

En Santa María de Ipire, al igual que en decenas de ciudades del país, el pueblo ha salido a protestar. Las razones sobran: el servicio eléctrico falla continuamente, también el agua. El gas doméstico más nunca llegó y la gasolina es un lujo que hay que pagar en dólares. Este pueblo ubicado en el estado Guárico, hacía mucho tiempo que no ocupaba espacio noticioso. Después de tres días en la calle, la noche del martes pasado se ganó ser viral en las redes sociales, después que dos hermanos –William y Hernán Díaz– habían sido detenidos en medio de las jornadas en las que los pobladores expresaron pacíficamente su hastío con sus gargantas, con sus ollas, con el alma. 

Ibéyise Pacheco, periodista venezolana residenciada en Miami, vive la satisfacción del buen recibimiento que ha tenido su quinto libro. A los pocos días en Amazon, Los hermanos siniestros era calificado de best seller.

El impacto del libro ha sido tal, que se formó un "Circulo de Grandes Lectores" que hacen sus respectivos análisis e interpretaciones. Y realmente, los integrantes de este "Circulo" son unos pesos pesados de la política venezolana. (artículo cortesía de Enrique Rondon Nieto (@erondoni) - Informe21) Leer más

La protesta ha sido más contundente en la provincia, en los pueblos castigados sin piedad, privados de agua y electricidad durante más de un mes, cuyos habitantes desde hace semanas se trasladan en burros y caballos por falta de combustible, viendo a los suyos morir afectados de COVID-19 –sin siquiera haber sido examinados– y llorando junto a sus cuerpos mientras se pudren en las casas porque no tienen cómo trasladarlos.

Venezuela entera clama que Maduro salga. “Ya no me interesa la caja CLAP o la gasolina. Lo urgente es que él se vaya”, se escuchó como consigna en El Tocuyo, estado Lara.

Este miércoles, mientras se desarrollaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hubo más de 20 protestas en distintos poblados del país desolados por la crisis.

Hay sujetos a los que las evidencias señalan como responsables y deben ser investigados: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Esto es fundamental porque la defensa de Maduro ante otras causas en organismos internacionales ha argumentado que las faltas han ocurrido por el desvío de algunos funcionarios. Pues no, el informe precisa que esto es una política de comisión de crímenes de Estado. La consecuencia de tales señalamientos debería ser el enjuiciamiento: “de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.