En Venezuela el chavismo creció sobre el relato de odio contra las élites. Hugo Chávez antagonizó con los poderosos para fortalecer su discurso que resultó en una operación de sustitución de corruptos. Sacó a los de la democracia y colocó a los suyos que controlaron el poder. El supuesto objetivo de bienestar y una vida justa resultó una estafa. La estrategia activó el deseo de venganza y dividió al país.

Después, el odio popular mutó porque a Maduro el pueblo lo detesta. Quedó por allí, contenido, sin unirse al odio que siente la oposición que ha sido maltratada por más de dos décadas y que en el agotamiento ha terminado volcando tan fuerte sentimiento contra sí, en lugar de activar alianzas y encauzar su rabia contra el odiador, ese que es capaz de entregar nuestro país al ser más detestado del planeta.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hace ver en su informe que el tema electoral en Venezuela es materia vista. Habría sido de mucha utilidad que la Misión hubiese sido más enfática para denunciar los abusos del Plan República que en momentos específicos ha demostrado interferir en el proceso. No se debe olvidar el secuestro de las actas decisivas para el triunfo de Superlano en Barinas. En la repetición de los comicios, los periodistas señalaron a los efectivos militares que se dedicaron a impedir la cobertura informativa. De hecho, el Colegio Nacional de Periodistas contabilizó 38 violaciones al ejercicio, con las que obstaculizaron el ingreso de los comunicadores a los centros de votación, junto a amenazas, hostigamientos y como ya es costumbre, la eliminación del contenido periodístico y el intento de decomisar los equipos

Jeanine Áñez está en una cárcel desde hace 11 meses “sin respetarle su condición de expresidenta, imputada en un juicio ordinario que vulnera sus derechos con prisión preventiva”, denunció el expresidente boliviano Carlos Mesa, al calificar el proceso como linchamiento judicial.

En ese aspecto coincide la inmensa mayoría que no carga el signo de la militancia de Evo Morales, el gran activador de la crisis política y social en Bolivia al pretender perpetuarse en el poder y cometer fraude en las elecciones presidenciales en octubre de 2019, violando normas constitucionales y hasta preceptos ancestrales como el “taki muyu” “el turno y rotación” en cargos que ocupan las autoridades.

La pretensión de Morales generó violentas protestas en un país dividido y sumido en acciones violentas que llevaron a Morales a volar a México después que la cúpula militar le recomendó que renunciara. Y Bolivia quedó encendida.

Yaelvis Santoyo Sarabia era un bebé de 8 meses cuando recibió un tiro que le explotó su cabeza mientras estaba en los brazos de su madre Darielvis Sarabia que resultó herida cuando junto a 20 venezolanos que habían salido del Delta e intentaban ingresar a Trinidad y Tobago fueron atacados por la Guardia Costera que ordenó disparar para evitarlo. Es el tercer niño que fallece en el intento de sus padres de salir de Venezuela este 2022.

La crisis humanitaria tiene como cabeza responsable a Nicolás Maduro y como cómplices a quienes forman parte de la élite del régimen.

Los venezolanos huyen para sobrevivir y a costa de mucho sacrificio, privilegian la posibilidad de algo diferente al hambre. Huyen del espanto, de la certeza de sueños truncados que no garantizan ni siquiera una mínima condición de vida y se encuentran con la muerte.

Mientras Maduro se ufana cómodo, la oposición, a pesar de esfuerzos individuales, da palos de ciego en su fractura prolongada, lo que explica la sorpresa de muchos cuando el régimen optó por la atropellada decapitación al revocatorio que cortó abruptamente la opción de seguir alentando el intento de recolección de firmas. ¿No ganaba más prolongando eventos que desgastaban a la oposición con un tema que la divide?

La respuesta es obvia. El régimen nunca deja cabos sueltos. Maduro se sostiene en el poder sobre su destacable virtud de la obediencia con la que se deja llevar por los titiriteros que nunca corren riesgos, que se dedican a asesinar inocentes antes de permitir protestas, que torturan y encarcelan a sus adversarios, y que prefieren ser calificados como una dictadura para no correr un riesgo electoral que expulse a Maduro del poder.  

La estrategia dictada desde Miraflores ordena ofrecer esta reforma de ley como la decisión de reinstitucionalizar el máximo tribunal y mejorar el sistema judicial del país bajo el plan de endurecer aún más el control político. Las supuestas buenas intenciones también van dirigidas a ilusionar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien nuevamente reporta pocos avances de acciones de justicia para responsabilizar a las cadenas de mandos de funcionarios del régimen responsables de graves violaciones de los DDHH.

Maduro ha tenido especial cuidado en no tocar, señalar o investigar a ningún funcionario de la cadena de mando en un esfuerzo de demostrar lealtad a quienes ejecutaron órdenes enviadas desde Miraflores.

A Gentil Duarte el chavismo primero lo refugió, estaba prohibido molestarlo, y después lo alentó bajo la orden de ayudarlo a trabajar. El guerrillero logró extender sus negocios hacia otros estados como Bolívar y Amazonas y comenzó a operar con otros grupos insurgentes. Pero ya mandando Maduro, los cubanos y la FARC (llamada ahora la Segunda Marquetalia) decidieron que querían disfrutar de las mieles del delito y Gentil Duarte se convirtió en estorbo.

La posición del anfitrión venezolano fue decisiva para activar el conflicto que ha estallado recientemente. Eduardo Piñate, nuevo gobernador de Apure desde el pasado 21 de noviembre, hombre de Maduro, debutó con la misión de acorralar a Gentil Duarte con el apoyo de la Fuerza Armada venezolana. Era el camino contrario a la gentileza con que lo trataba su predecesor Ramón Carrizales, del ala de Diosdado Cabello. 

Repetir las elecciones en Barinas el pasado 9 de enero en las que Sergio Garrido ganó con casi 15 puntos de diferencia a Jorge Arreaza han resultado en una humillación pública en la tierra de Hugo Chávez, donde el régimen se creía invencible. La apabullante distribución de productos de línea blanca, la mágica aparición de la gasolina y el gas, el aparente mea culpa por la ineficiencia en la distribución de recursos patentada en el abandono a la población (con el piquete de culpar a los Chávez), la censura, las amenazas, la extorsión, la presencia de 25 mil efectivos militares, no arredraron a los barineses que ya habían sido retados el 21 de noviembre cuando con una vulgar e ilegal estratagema le fue arrebatado el triunfo al dirigente opositor Freddy Superlano.

Los sangrientos sucesos en Arauca durante el primer fin de semana del año no se deben desvincular de otro enfrentamiento ocurrido en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas, que explotó el primero de enero y se repitió esta misma semana.

En Colombia la disputa entre la disidencia de las FARC y el ELN dejó 24 muertos -cuatro de ellos identificados como venezolanos- lo que llevó a la decisión del presidente Iván Duque de enviar cuatro batallones con 600 hombres a la zona limítrofe. Diego Molano titular de Defensa precisó que los eventos se iniciaron en Venezuela y tuvieron su eco en Colombia con el ELN y la Segunda Marquetalia enfrentados a la disidencia de la FARC junto al frente 10 y el frente 28. Esta violencia entre insurgentes para lograr el control de corredores de la droga se produjo durante décadas en territorio colombiano, pero ahora se ha repetido en Venezuela para desgracia de la población civil.

Cerramos el año, derrotados, porque así estamos mientras siga la dictadura. Y aunque la justicia avanzó en positivo con el caso Venezuela ahora en la fase de investigación ante la Corte Penal Internacional por el eventual juicio por crímenes de lesa humanidad, nuestra organización política interna termina el año hecha pedazos, sostenida por hilos endebles -aún con el apoyo de Estados Unidos- que aún mantienen como cabeza visible a Juan Guaidó.

En el 2021 los problemas en Venezuela se agigantaron. El año se despide con el clamor del obispo de la diócesis de San Felipe, monseñor Víctor Hugo Basade, por un poco de piedad para que cese el bloqueo que impide la posibilidad de trasplantes de órganos que ha acabado con la vida de más de 100 niños en los últimos cuatro años.