16 Nov
Defensa de DDHH ante Congreso EEUU
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Documento consignado ante la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU

6 de Noviembre 2015

Audiencia para debatir:

"Las deplorables violaciones a los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela"

 


Kluivert Roa suplicó al policía: "por favor no me mate, no me mate". El funcionario le disparó a muy corta distancia en la cabeza con una escopeta calibre 12 que contenía perdigones de plástico, lo que causó una lesión mortal en su cráneo. Kluivert tenía 14 años de edad. Según cuentan testigos, Kluivert salía de clases y se tropezó con una manifestación de jóvenes que ocurría en San Cristóbal, ciudad al suroeste venezolano. Kluivert como buen miembro scout, se detuvo a ayudar a otro estudiante que había sido herido, cuando fue tomado por sorpresa por un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana quien lo obligó a arrodillarse y colocar sus manos en la cabeza. Ocurrió el 24 de febrero de 2015.

 

Este caso, como muchos otros, fue conocido muy limitadamente por el pueblo venezolano. El férreo control de los medios de comunicación que tiene el régimen de Nicolás Maduro, silencia la verdad y distorsiona los hechos a su conveniencia.

 

Hoy ante esta respetable audiencia, quiero asumir con contundencia y responsabilidad, dos afirmaciones sobre las cuales no tengo duda alguna. 1.- En Venezuela se violan los derechos humanos. 2.- Como consecuencia, en Venezuela no hay libertad de expresión.


Además puedo decir una tercera: esto ha venido sucediendo por lo menos desde hace 14 años, agravándose cada día.

 

El venezolano no tiene derecho a estar informado como por ejemplo, de que el pasado año, 24.980 ciudadanos fallecieron víctimas de la violencia. Somos el segundo país con más homicidios en el mundo, con una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

 

El gobierna niega y bloquea las informaciones sobre detenciones ilegales. Sólo de manera marginal a través de las redes, y uno que otro programa de radio que aún sobrevive, se puede referir que en Venezuela hay 74 presos políticos, que más de 2000 personas tienen procesos judiciales pendientes sólo por manifestaciones durante el año pasado, y que se han ejecutado 3775 detenciones por manifestaciones desde 2014. Durante estos procesos ha habido violaciones al derecho a la defensa y el debido proceso, con torturas y tratos crueles. Un informe detallado de la Organización No Gubernamental Foro Penal venezolano, registra uso de descargas eléctricas, violación sexual, actos lascivos, amenazas de violación, asfixia con bolsas de plástico, múltiples fracturas, politraumatismos, entre otras lesiones.

 

Respecto a la ausencia de libertad de expresión, en Venezuela informar y estar informado ha comenzado a ser difícil y arriesgado. Los registros y denuncias de reporteros locales y extranjeros a quienes las autoridades de Venezuela atropellan, persiguen e impiden el cumplimiento de su trabajo han engrosado expedientes y generado docenas de medidas de organismos internacionales, todas burladas por el gobierno.

 

Los atropellos a los periodistas son rutinarios. Les impiden acceder a la fuente, los amenazan, les roban sus equipos, los humillan, los retienen y hasta llegan a maltratarlos físicamente.


Un ejemplo: el 17 de junio 2015, Beatriz Lara, reportera del diario "El Aragüeño", fue esposada a un poste de luz durante un par de horas, en medio de una cobertura periodística que molestó a los funcionarios del Centro de Investigaciones Penales y Criminalísticas en el estado Aragua, en el centro del país. La reportera junto a un camarógrafo, fueron expuestos en la calle bajo una fuerte golpiza acompañada de insultos y patadas. Como si no fuera suficiente tal vejación, la periodista fue trasladada a una oficina privada, donde la desnudaron alegando que tenía un arma en sus partes íntimas. Para probar que no era así, tuvo que saltar en cuclillas.

 

El sistema de justicia venezolano es utilizado para restringir la libertad de expresión. En este momento, los directivos de tres importantes medios de comunicación, los impresos "El Nacional", Miguel Henrique Otero, "Tal cual", Teodoro Petkoff, y el portal "La Patilla", Alberto Federico Ravell, son acosados personalmente por el presidente de la Asamblea Nacional quien además de una demanda penal interpuso una acción civil que ningún medio con recursos propios podría afrontar. Previamente, Carlos Genatios, articulista del diario "Tal cual" devenido en semanario por la crisis de papel, fue demandado por expresar su opinión, lo cual también lo obligó a salir del país.

 

Las agresiones a periodistas son incesantes.

 

"Ellos lo que buscan es que el pueblo los queme", dijo un sargento de apellido García de la Guardia Nacional Bolivariana, estimulando ataques contra reporteros que registraban el malestar de centenares de venezolanos que hacían una fila interminable ante el desabastecimiento de productos.

 

Para el gobierno es muy sencillo: no se puede registrar algún problema producto consecuencia, de su pésima administración. Al respecto, Maduro fue muy claro cuando en cadena nacional se refirió a un tema que probaba que su gobierno viola los derechos humanos. Prohibió referirse a "La Tumba", un centro de torturas ubicado en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin. Fue el 10 de marzo de 2015.

 

Los periodistas son acosados, señalados por funcionarios de diferentes delitos, despedidos de sus trabajos y amenazados directamente mientras realizan cualquier cobertura informativa incómoda para el gobierno. La agencia estatal Conatel que controla las telecomunicaciones, colabora con información para acosar a tuiteros y recientemente se encargó de presionar y agredir a César Miguel Rondón, uno de los pocos comunicadores que en la radio venezolana se mantiene al aire con credibilidad de la audiencia.

 

Los periodistas extranjeros no han salido ilesos del acoso. El 16 de enero de 2015 la corresponsal de Al Jazeera Mónica Villamizar Villegas, fue impelida a salir de Venezuela contra su voluntad, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la acusara de ser una espía norteamericana.
Más recientemente, Francisco Urreiztieta, corresponsal de Univision, fue retenido por 4 horas junto a su equipo de trabajo en un puesto de control del Ejército en el estado Zulia, frontera con Colombia.

 


Debo recordar que la legislación venezolana no exige a periodistas extranjeros una acreditación para trabajar.

 

Pero no sólo los equipos reporteriles han sido agredidos. Medios internacionales suelen ser amenazados por jerarcas del régimen como ha sucedido con CNN. Otros han corrido peor suerte, como el caso de la televisora colombiana NTN24 que fue sacada de la llamada "parrilla de programación de las cableras" desde el 12 de febrero de 2014, lo que significa desaparecer del espectro venezolano. Pero además, ese canal ha sufrido bloqueos de 400 dominios (URL's) de su propiedad, obligándolos a cambiar de servidor casi a diario. La periodista venezolana Idania Chirinos presentadora del programa "La Tarde" en una visita a Venezuela, fue perseguida hasta el avión en un vuelo Maiquetía- Bogotá hace dos años, en un evidente acoso de los organismos de seguridad. No ha podido regresar al país.
Incluso, acá en Miami, el director del diario El Venezolano, Oswaldo Muñoz, es víctima de constante amenaza pública por parte de los voceros del régimen.

 

Las páginas web incómodas para el gobierno son bloqueadas y hasta a los humoristas se les dificulta realizar sus presentaciones ante la extrema sensibilidad del gobierno. El periodista Nelson Bocaranda –ícono en el periodismo venezolano por la primicia de la enfermedad de Chávez- y su página "runrunes.es" son saboteados de manera permanente, y él mismo ha sido víctima de descaradas amenazas.

Buena parte de lo referido ha sido registrado por parte de Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, asociaciones civiles como "Espacio Público", la Sociedad Interamericana de Prensa y muchos entes más.

Todas esas situaciones están ocurriendo actualmente en Venezuela. Suceden en silencio para mi país porque los medios de comunicación han sido arrodillados, bajo varios sistemas de presión, o han sido adquiridos por el propio gobierno para convertirlos en aparatos de propaganda.

Apenas las redes sociales logran representar una pequeña aunque vital, vía de escape para que un sector de la población pueda acceder a lo que sucede en el país.
Por eso, las redes sociales y sus usuarios representan un peligro para el gobierno. Es así, que el gobierno ha apresado a tuiteros. Por lo menos 20 de ellos han sido detenidos. Por ejemplo, Inés González con doctorado en Química Akron University, USA, fue privada de su libertad, con un franco deterioro de su salud. Ante reiteradas solicitudes de que fuera trasladada para un chequeo médico, fue llevada a un hospital. Previo al traslado, fue golpeada por seis funcionarios. Los médicos notificaron la urgencia de una operación de histerectomía total ante una severa endometriosis. El tribunal no ha respondido. Sigue presa, sin juicio y sin atender que su vida corre peligro.

 

El gobierno además financia equipos para hackear cuentas de twitter cuyos propietarios tienen credibilidad o un importante número de seguidores (mi cuenta ha sido hackeada dos veces y mi personalidad suplantada, la más reciente el pasado 12 de agosto 2015).


Las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en marzo 2015, solicitando la regulación de las redes sociales anuncian lo que puede ser en poco tiempo una decisión del gobierno, y conseguir así el aislamiento e incomunicación de la sociedad venezolana.

 

En muchos de estos casos, imposibles de enumerar todos aquí, se fundamentó el informe de Reporteros sin Fronteras en su balance anual 2014 para concluir que Venezuela es el país con más periodistas amenazados (134) solo por debajo de Ucrania (215) para ese año.

 

Pero también las fuentes de información son perseguidas.

 

El 11 de septiembre de 2014, Angel Sarmiento presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua (centro de Venezuela) fue privado de su libertad por alertar sobre la situación sanitaria de la región.

 

Otro médico, Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, fue detenido el 5 de febrero de 2015, un día después de conceder una entrevista en la que informó sobre la escasez de insumos médicos.

 

Los comerciantes también han resultado apresados. El 2 de febrero de 2015, en una de las ya cotidianas crisis de desabastecimiento, el gobierno ordenó la detención de Manuel Morales ejecutivo de la única red privada de distribución de alimentos y productos en zonas populares "Día a día". Las instalaciones de esos abastos siguen ocupados ilegalmente y Morales sigue preso sin esperanzas de juicio. Todo el procedimiento ha sido ilegal.

 

He de recordar que Lorenzo Mendoza, propietario de empresas Polar, la más importante productora de alimentos en Venezuela, es amenazado constantemente, so pena de perder su libertad y de que su empresa sea expropiada. El régimen sostiene una campaña feroz en su contra, utilizando todo su poder.

 

Este proceder del gobierno de Maduro contra periodistas y medios de comunicación, o empresarios, se extiende hacia miembros de Organizaciones que defienden los derechos humanos, profesionales que asisten a los desvalidos, y en general contra todo aquel que se atreva a disentir de un gobierno que ha venido destruyendo un país y su moral, ante los ojos del mundo, mientras asume bajo aplausos la reelección como miembro en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tal como sucedió el pasado 28 de octubre de este año.

 

Casi 60 defensores de los Derechos Humanos han sido hostigados y perseguidos. El 28 de abril de 2015, Horacio Giusti, jefe de prensa de la organización Foro Penal, fue interceptado por dos individuos que se trasladaban en una motocicleta. Uno de ellos se bajó, lo acorraló contra la pared y al conocer su oficio lo golpeó salvajemente, causándole serias lesiones en un ojo y la mandíbula. Algo más de cuatros meses después, el 1 de octubre de 2015, Marino Alvarado, conocido activista de la defensa de los derechos humanos, fue secuestrado y agredido junto a su hijo de 9 años.

 

Quiero destacar el caso de Marcelo Crovato, defensor de los derechos humanos detenido el 22 de abril de 2014 cuando asistía como abogado a unos vecinos en la ciudad de Caracas, a quienes les estaban allanando su residencia de manera ilegal. A esta fecha su juicio ni siquiera ha comenzado y Marcelo no sabe de qué se le acusa. Fue recluido en la prisión Yare III junto a criminales de alta peligrosidad y donde se intentó suicidar en dos ocasiones. Finalmente el 25 de febrero 2015 le dieron casa por cárcel. Como consecuencia de su reclusión en condiciones insalubres e inhumanas, su salud está muy deteriorada. Es casado y padre de dos hijos. Su detención arbitraria ha hecho mucho daño a su familia.

 

La violación de los Derechos Humanos en Venezuela tiene un elemento que no se debe obviar: tal ilegalidad es auspiciada por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, y ejecutada por grupos armados oficiales y para-oficiales quienes actúan con total impunidad; tan es así, que el ilegal proceder termina siendo premiado y aplaudido por los jerarcas del régimen.

 

Quiero llamar la atención sobre un aspecto para mí fundamental, y que inevitablemente me carga de desesperanza y preocupación. Y es que esta terrible situación que sufrimos los venezolanos, viene ocurriendo desde hace más de 14 años, es decir cuando el fallecido Hugo Chávez, cumplía cuatro años en ejercicio.

 

Me voy a permitir referirles de modo breve mi experiencia personal.

 

El pasado 27 de octubre cumplí 10 meses de haber ingresado a los Estados Unidos de América. Soy una más de centenares de miles de venezolanos que cada día huyen despavoridos, sin comprender cómo un gobierno en el hemisferio occidental puede violentar los Derechos Humanos en la segunda década del siglo XXI, con la cómplice pasividad del mundo civilizado.

 

La persecución judicial en mi contra fue anunciada por voceros del gobierno de Chávez en el año 2001 luego de la publicación de denuncias periodísticas resultado de mi trabajo de investigación que demostraba hechos de corrupción de miembros de las Fuerzas Armadas en lo que el entonces presidente Chávez bautizó como el "Plan Bolívar 2000".

 

La primera acusación que corrió en mi contra en los tribunales fue entonces de un militar. Pero no fue la única demanda. Lo que siguió fue una verdadera andanada de acusaciones en juzgados o solicitudes de investigaciones ante el Ministerio Público, por parte de funcionarios, o militantes del partido oficialista.

 

Durante ese tiempo fui objeto de atentados, incluido el lanzamiento de un artefacto explosivo en las instalaciones del diario Así es la Noticia (enero 31 de 2002) el cual causó daños en la sede del periódico en el cual yo me desempeñaba como Directora. Nunca se determinó quiénes eran los responsables, aun cuando grupos violentos financiados por el gobierno asumían la autoría y diariamente se instalaban frente a mi oficina y lanzaban volantes amenazantes como una evidente señal de hostigamiento.

 

Tal situación fue reportada ante los organismos internacionales. Es así que el 22 de marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a mi favor y de otras colegas. Pero lejos de sentirme protegida o de que el gobierno respetara tales medidas, la situación se fue volviendo aún más tensa, y el 12 de diciembre de 2002 nuevamente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dictó medidas de protección a mi favor.

 

Pero las demandas, acusaciones, agresiones y señalamientos públicos continuaron. Se me acusó de una insólita variedad de delitos. Desde la violación al derecho al honor de un militar (General Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis, abril 10 de 2002), hasta ser calificada de "narcoperiodista" a través de la agencia oficial de noticias. También el actual presidente Nicolás Maduro hizo lo suyo siendo presidente de la Asamblea Nacional, al incluirme junto a representantes de otros medios de comunicación y de la jerarquía eclesiástica, en la acusación verbal de formar parte de un plan para derrocar a Chávez y de querer asesinar a políticos de inspiración popular. No faltó la acusación de "traición a la patria" por haber hecho público un video junto a otras colegas, en el que aparecían efectivos militares venezolanos compartiendo con miembros de la guerrilla colombiana.

 

Mis abogados defensores no alcanzaban para responder tantas demandas. Sabían que una nueva averiguación suspendería el beneficio de libertad condicionada del que me había visto favorecida con una primera sentencia por difamación. Y en efecto, la juez 11 de ejecución, ordenó privativa de libertad en mi contra el 20 de mayo de 2005. La negativa a recibirme por parte de la directiva del centro penitenciario designado para mi reclusión alegando que mi vida corría peligro, hizo que la juez ordenara como lugar de prisión mi residencia. Allí estuve hasta que el mismo presidente Hugo Chávez expresó en cadena nacional que ese momento no eran convenientes tantas demandas y acciones contra periodistas. En minutos recuperé mi libertad, quedando en evidencia que la independencia de los poderes no existe en Venezuela y que de manera especial, los tribunales son utilizados como instrumento del poder Ejecutivo.

 

Estos hechos comenzaron en 2001. Y ahora, hoy ante ustedes, no puedo dejar de preguntarme: ¿No estaría Venezuela mejor, si los gobiernos en democracia, al menos los de esta parte del hemisferio, hubiesen escuchado las alarmas que venían sonando en Venezuela desde hace por lo menos 14 años, y que en respuesta a tal peligro, se hubiese exigido el cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por ustedes y nuestro país?

 

El asunto fundamental que quiero plantear a esta respetable Cámara de Representantes, es que esta situación tan grave en cuanto a violaciones de los Derechos Humanos, ha continuado y peor aún, se ha profundizado y extendido, hasta el punto que se ha convertido en rutina en Venezuela, junto al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos ante la pésima administración de los bienes públicos.

 

En Venezuela hay un ataque sistemático y generalizado en contra de la población que se atreve a expresar ideas y pensamientos de disenso o simple crítica al gobierno. Esa población que cree en la democracia y pretende defenderla, es víctima de un feroz ataque que afecta sus bienes, su reputación, su familia, su vida. Porque todo está en peligro cuando se levanta la voz contra el régimen.

 

El actual gobierno de Nicolás Maduro, ha fomentado la creación de grupos delictivos violentos, que han recibido armas y entrenamiento, y con los cuales Maduro espera soportar su sobrevivencia en el poder junto al sector militar, objeto de prebendas y beneficios, y que amenaza públicamente al mundo civil, hasta el punto de anunciar que va a negarse a entregar el poder si en un proceso electoral son derrotados.

 

En Venezuela está prohibido registrar la verdad. Ejercer el periodismo es una verdadera odisea. Hasta el momento que me vine en diciembre pasado, mi derecho a laborar había sido fulminado. Escribía regularmente en un periódico, dirigía un diario popular, tenía un programa de radio y otro de televisión.
De todos esos medios me sacaron. Las presiones variaban. Algunas eran dirigidas directamente a los dueños de medios y otras veces contra los anunciantes que patrocinaban mi programa.

 

Y aún, viviendo ya acá en Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, militar que se comporta como el jefe del gobierno y contra quien pesan serias sospechas de una eventual vinculación con un cartel del narcotráfico (investigado en USA), me acusó de conspiración, y admitió hace dos meses, haber ordenado allanar mi residencia en la que yo vivía en Caracas, y que desde mi decisión de protegerme aquí, está alquilada a una respetable anciana.

 

Quiero precisar que Diosdado Cabello desde el canal del Estado (que se supone es de todos los venezolanos) se dedica semanalmente en un programa de televisión "Con el mazo dando" a destruir la reputación de muchos venezolanos, entre los cuales me incluyo. Pueden tener la seguridad de que esta intervención acá, desatará su furia que volcará en ese programa quién sabe de qué manera. Pero el temor no me puede detener. El programa de Diosdado Cabello se ha convertido en un paredón para todo ser decente. Allí Cabello ha hecho públicas conversaciones privadas ilegales –casi siempre alteradas y manipuladas- ha inventado delitos, ha mostrado fotos íntimas de quienes considera enemigos del régimen propiciando ataques directos, utilizando un lenguaje soez bastante más cercano al jefe de una banda delictiva.

 

El gobierno, que se ha ido radicalizando cada vez más, ya no cuida las formas para censurar. No sólo quiere el silencio de medios y periodistas. Ahora exige que se mienta. No se puede informar sobre la realidad económica (el gobierno calla datos de inflación, desabastecimiento), si no que pretende que se alteren las cifras de la realidad, y que lo que es su responsabilidad se atribuya a terceros. Una supuesta "guerra económica" será dirigida a quien mejor le convenga, incluido Estados Unidos.

 

En Venezuela todo está mal. La salud, la educación, la inseguridad hace estragos, la corrupción es descarada, y sobre nada de eso se puede informar. Ni los periodistas pueden hacer su trabajo, ni los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer la verdad.

 

Todo esto ocurre bajo la evidente persecución contra quienes protestan, y en especial contra el liderazgo opositor. Ustedes ya han de conocer el espanto que sufren los presos políticos y sus familiares.

 

Bajo estas terribles circunstancias, Venezuela camina a un proceso electoral para elegir un nuevo parlamento el 6 de diciembre. Y sin pudor, los jefes del régimen se niegan a la observación internacional. Maduro ha afirmado que una derrota exigirá de una acción popular que impida que su "revolución" se vaya. Es decir, Maduro está propiciando sin recato la violencia, ante los ojos del mundo entero.

 

Hace menos de una semana una foto de una estudiante de 18 años que aspira a ser miembro de la Policía Nacional Bolivariana, se convirtió en viral en las redes sociales. Esa chica, una joven cualquiera, que debería estar soñando con un futuro gentil, se hizo un selfie sonreída el cual publicó en Facebook, con una granada en una de sus manos. Ese es el símbolo del régimen. Así también se suelen mostrar en las redes los jefes de las bandas delictivas que asesinan gente en mi país.

 

Con tantos elementos, tantas señales, ¿cómo es posible que todavía al régimen de Maduro se le permita violentar la ley, la norma, los acuerdos internacionales?
Porque si Maduro auspicia a sus bandas criminales a delinquir con impunidad, de la misma manera otros gobiernos y entes internacionales, están haciendo lo mismo –así sea por omisión- al permitir que el régimen de Maduro incumpla la ley y viole los derechos humanos.

 

Muchas gracias